A CUENTA AGOTAS SE DEVELA LA VERDAD DEL ACUERDO PETROLERO
César Rafael Malavé Carvajal
A través de las más recientes declaraciones de los más altos voceros oficiales del gobierno norteamericano, comienza a saberse que el reciente acuerdo energético no fue trazado entre Estados o instituciones transparentes, sino entre la firma privada del cuestionado empresario Alejandro Betancourt y la administración estadounidense, bajo la directa e inusual tutela del Pentágono y el Departamento de Estado. Esta revelación exige un análisis sereno que trascienda la coyuntura, pues ante la opacidad de las letras pequeñas, la responsabilidad cívica nos obliga a examinar las implicaciones geopolíticas y el impacto real de esta operación sobre el destino de la nación.
Desde la perspectiva económica, el petróleo bajo el subsuelo es riqueza inerte. En medio de nuestra severa crisis, el recurso solo cobra sentido si su extracción se traduce de inmediato en calidad de vida. Para Estados Unidos, acorralado por tensiones internacionales y el agotamiento de sus reservas, el crudo venezolano representa un suministro estratégico y cercano en el Golfo de México. Sin embargo, para Venezuela el dilema no es la extracción, sino el destino de esa renta: cada dólar generado debe dirigirse con absoluta transparencia a dignificar al trabajador, restituir el salario real y recuperar servicios colapsados como la electricidad y el agua, vitales para regiones agobiadas como nuestra isla de Margarita.
Por otra parte, la elección de Betancourt responde a un pragmatismo táctico de Washington para aprovechar la infraestructura que este ya controlaba sobre el terreno. No obstante, al someter la operación a la supervisión del Pentágono y a estrictas auditorías fiduciarias, Washington encierra al operador en una «jaula de cristal», diseñada para fiscalizar, disciplinar y eventualmente desplazar al socio local cuando la estrategia geopolítica lo demande.
Finalmente, debe quedar grabado en la conciencia nacional que, conforme al artículo 12 de nuestra Constitución, los yacimientos son inalienables e imprescriptibles de la República. Ningún contrato pactado en la sombra puede enajenar la propiedad del subsuelo; toda negociación al margen de la transparencia y del control republicano es nula de toda nulidad. La verdadera soberanía no se subasta a espaldas del país: se ejerce transformando los recursos en dignidad cívica, institucionalidad y bienestar para el pueblo venezolano.
