El viacrucis sobre ruedas: el transporte público como derecho a la dignidad.
Por Oswaldo Javier Albornoz Figueroa.
Pocos escenarios retratan con tanta crudeza la vulneración de los derechos ciudadanos como las paradas de transporte público a primeras horas de la mañana. Decenas de trabajadores, estudiantes y adultos mayores aguardan durante horas bajo el sol o la intemperie la llegada de unidades destartaladas, saturadas hasta el límite y carentes de las mínimas condiciones mecánicas o de seguridad.
La movilidad urbana no es una comodidad accesoria ni un asunto que deba dejarse a la deriva de la improvisación; es la arteria vital que conecta a la persona con el trabajo, la salud, la educación y la subsistencia. Cuando el sistema de transporte colapsa o se vuelve prohibitivo, la ciudad se paraliza y el ciudadano queda confinado a un arresto territorial silencioso.
Viajar apiñado, expuesto al maltrato y pagando tarifas arbitrarias no es normal. La naturalización del mal servicio es la evidencia más elocuente de cómo se ha degradado el estándar de la dignidad colectiva.
«Una sociedad que normaliza el hacinamiento y el maltrato en el transporte público condena a su gente al cansancio antes de iniciar la jornada.»
La ausencia de política pública y el reino del caos
El deterioro del transporte responde a una combinación destructiva: el estrangulamiento económico del transportista frente a los costos de repuestos, lubricantes y combustible, sumado a la incapacidad de las alcaldías y organismos viales para ordenar las rutas, fiscalizar las tarifas y diseñar soluciones sostenibles.
Ante este vacío, prolifera el caos: cobros discrecionales del pasaje, abandono unilateral de rutas después de ciertas horas, proliferación de unidades sin revisión técnica y discriminación sistemática contra estudiantes y adultos mayores en el cobro del pasaje preferencial. Las direcciones de transporte municipal actúan como convidados de piedra, limitándose a pactar aumentos tarifarios que casi nunca se traducen en mejoras operativas para el usuario.
El pasajero financia de su bolsillo un servicio que cada día le arrebata más tiempo, más salud y más tranquilidad.
Organización ciudadana en la vía pública
Reclamar el derecho a una movilidad eficiente y segura demanda que los usuarios dejen de padecer el problema en silencio y comiencen a organizarse:
- Comités de usuarios estructurados: Constituir frentes de usuarios por parroquias o rutas para documentar infracciones, desvíos de recorrido y maltratos, presentando quejas conjuntas ante los institutos municipales de transporte y las comisiones de vialidad de los concejos.
- Supervisión de paradas y terminales: Exigir la presencia de fiscales municipales en los puntos críticos de transbordo para garantizar el cumplimiento de horarios, el cobro de la tarifa legalmente gaceteada y el respeto irrestricto al pasaje preferencial.
- Debate público sobre planes integrales de movilidad: La discusión sobre el transporte no puede reducirse a cuándo se aumentará el pasaje. Las comunidades deben exigir proyectos de reorganización vial, corredores exclusivos y esquemas de financiamiento transparente para la renovación paulatina de la flota.
«La movilidad es un derecho cívico elemental: ningún pueblo puede construir progreso económico si sus ciudadanos pierden la vida esperando un autobús.»
Moverse con libertad y respeto
Una ciudad moderna e incluyente se mide por la calidad de su transporte público, no por la cantidad de vehículos particulares que colman sus avenidas. Garantizar que un enfermero, un albañil o una maestra lleguen a su destino a tiempo y de manera civilizada es un deber inexcusable del Estado y un derecho innegociable de la sociedad.
El rescate del transporte público empieza cuando el usuario reconoce que no está pidiendo un favor al chofer ni una dádiva a la alcaldía, sino pagando por un servicio público regulado por ley. Exigir rutas completas, unidades limpias y trato digno en cada parada es un acto legítimo de defensa de nuestra calidad de vida.
