«La gestión de la gobernadora Marisel Velásquez es trabajar por el beneficio de la clase trabajadora y asi lo ha demostrado durante su primer año», señaló Reinaldo Silva.
La Dirección del Poder Popular para el Talento y Desarrollo Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta recibió, este miércoles 27 de mayo, a una comisión de la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro (Sudeca).
Como ente regulador en el país, realizaron esta visita a la entidad insular Alami González, director de Consultoría Jurídica, Francis Hernández, del departamento legal, y Johana Ramírez, analista de la dirección de Control y Fiscalización, para llevar a cabo una inspección en la Caja de Ahorro de Obreros del Ejecutivo regional.
Reinaldo Silva, director de Talento y Desarrollo Humano, manifestó que esta visita de la superintendencia es propicia, porque permitirá solucionar el conflicto que existe con la actual directiva.
Agregó, además, que «la gobernadora Marisel Velásquez desarrolla una gestión pública basada en la transparencia, motivo por el que estamos en la plena disposición de apoyar en lo que sea necesario al órgano con competencia en cajas de ahorro». Y de esta forma, apuntó, solventar la situación que enfrentan los obreros activos y jubilados.
Aclaró también que «esta dirección no puede autorizar a ningún particular para realizar asambleas con trabajadores de la Gobernación», incluso «los sindicatos tampoco tienen injerencia en las cajas de ahorros».
La superintendencia es el ente rector y el que fija los lineamientos y las normas que rigen a las cajas de ahorro e, igualmente, la autorizada para convocar a las asambleas, dijo Silva.
Por su parte, Alami González, afirmó que esta supervisión se debe a denuncias interpuestas en contra de la directiva, por tal razón «nos hemos reunido con ellos para establecer mecanismos de control en los procesos, revisión de documentos, asesoría y acompañamiento».
«La inspección que realizamos se hace a nivel contable, administrativo, legal y financiera, a fin de detectar si efectivamente existen irregularidades, de acuerdo con denuncias que fueron consignadas ante la superintendencia y, de esta forma, poder brindar soluciones o dictar medidas que correspondan al caso», detalló González.
Una vez que concluya el trabajo de dicha comisión, procederán a realizar la evaluación de toda la documentación recabada, a fin de determinar si efectivamente existe un daño patrimonial.
Fuente: GBNE
