Funcionarios actuales y antiguos de las fuerzas del orden de Estados Unidos revelaron a AP que la administración Trump ordenó en secreto a los fiscales federales en Miami que no inicien investigaciones penales contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. La DEA persiguió a la líder venezolana por mucho tiempo, por lo que esta orden muestra el acercamiento más reciente entre la Casa Blanca y la nación petrolera.
Las fuentes no aclararon a la agencia si los fiscales involucraron a Rodríguez en delitos o si preparaban una acusación formal. Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia desmintió los hechos vía correo electrónico y afirmó categóricamente que «nunca hubo una investigación en su contra que tuviera que ser cerrada».
Registros de la DEA obtenidos por la agencia Associated Press a inicios de este año contradicen esa postura, pues muestran que Rodríguez estuvo en el radar federal desde 2018. Las autoridades estadounidenses nunca han acusado penalmente a la mandataria interina, a diferencia de lo ocurrido con otros altos cargos de Venezuela.
La Casa Blanca buscaba estabilizar a Venezuela tras capturar de Nicolás Maduro, y por eso ordenó frenar el escrutinio sobre Rodríguez para no arruinar sus planes. La presidencia remitió las consultas al Departamento de Justicia y nadie aclaró si Donald Trump participó directamente en esta polémica decisión.
«A todos se les ha ordenado detenerse», afirmó de manera contundente uno de los exfuncionarios consultados sobre el caso.
Tanto el funcionario activo como los exfuncionarios hablaron con Associated Press bajo estricto anonimato porque no tienen autorización legal para revelar deliberaciones internas del gobierno. Delcy Rodríguez y el abogado que la representa a ella y al Ministerio de Comunicaciones de Venezuela ignoraron las peticiones de comentarios.
El Gobierno de USA reduce la presión sobre Rodríguez
La orden de frenar una posible imputación penal alivia la presión política sobre Rodríguez. Actualmente, la administración Trump coopera activamente con la líder interina para pacificar el país tras derrocar a Maduro y busca abrir el mercado venezolano a las inversiones de empresas estadounidenses.
El presidente Donald Trump elogió públicamente a la mandataria interina y la describió como una «persona fantástica». Esto ocurrió poco después de que las fuerzas militares estadounidenses arrestaran y trasladaran a Maduro y a su esposa a Nueva York por cargos de narcotráfico, donde ambos se declararon inocentes.
Washington eliminó recientemente las sanciones contra Rodríguez y la reconoció oficialmente como la única jefa de Estado legítima de Venezuela. Esta medida le permite operar con bancos occidentales y negociar libremente con inversores norteamericanos interesados en las mayores reservas de petróleo del planeta.
Debido a esta alianza, varios analistas proponen el «manual de Venezuela» basado en bloqueos, imputaciones y amenazas militares como el modelo ideal para forzar cambios de régimen. La Casa Blanca evalúa aplicar esta misma estrategia de presión contra otros enemigos históricos como Irán y Cuba.
En el radar de la DEA
La DEA estructuró un informe de inteligencia muy detallado sobre Delcy Rodríguez desde 2018 y acumuló denuncias que la vinculan con narcotráfico y contrabando de oro. Un informante confidencial detalló a la DEA en 2021 que la política usaba hoteles en la Isla de Margarita «como fachada para el lavado de dinero».
El nombre de la presidenta aparece en al menos doce investigaciones activas de la DEA este año, coordinadas por oficinas en Paraguay, Ecuador, Phoenix y Nueva York. Los documentos la vinculan también con Alex Saab, presunto testaferro de Maduro a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en 2020 por lavado de dinero.
Rodríguez expulsó a Saab de Venezuela este mes durante una purga contra empresarios corruptos que se enriquecieron bajo el amparo del régimen de Maduro.
Las fuentes no precisan cuáles casos de Miami mencionan a la mandataria, pero dos exfuncionarios confirmaron que su nombre surgió en reuniones en Tampa. En esa ciudad, la exfiscal general Pam Bondi coordina un equipo especial que investiga los delitos financieros cometidos por la élite venezolana.
Rodríguez ejercía el cargo de vicepresidenta de Maduro cuando ocurrieron los hechos descritos en los expedientes de inteligencia. Las normas del Departamento de Justicia obligan a que el fiscal general firme personalmente cualquier acusación contra un jefe de Estado, quienes gozan de inmunidad jurídica internacional.
Fuente: Sumaríum
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