El dirigente social y exalcalde del municipio Marcano, José Ramón Díaz, quien fue uno de los ciudadanos recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) tras los eventos postelectorales de julio de 2024, denunció este miércoles la persistente incertidumbre jurídica que enfrentan quienes aún no reciben su libertad plena, a pesar de la reciente aprobación de la Ley de Amnistía.
Díaz, quien vivió en carne propia el rigor del sistema penitenciario tras su detención el 30 de julio de 2024, viajó recientemente a la ciudad de Caracas con el objetivo de gestionar su boleta de libertad plena y regularizar su estatus legal. Sin embargo, la respuesta de las autoridades judiciales fue una nueva prórroga: deberá esperar al menos 15 días más para obtener información concreta.
“Como alguien que estuvo allí dentro, conozco el desespero de las familias. Viajamos a la capital con la esperanza de que la ley se tradujera en hechos inmediatos, pero nos encontramos con la misma burocracia. Ya han pasado 27 días desde las últimas promesas y la respuesta sigue siendo ‘esperen dos semanas más’”, señaló el dirigente.
El drama de las regiones ante el centralismo
El dirigente enfatizó que el retraso afecta de manera desproporcionada a quienes residen en estados lejanos como Nueva Esparta, Amazonas, Zulia, aquellos estados más lejos. La necesidad de trasladarse a Caracas para consultar expedientes centralizados representa un sacrificio económico y humano que muchas familias ya no pueden costear.
“No es solo mi boleta de libertad; es el clamor de cientos de madres y esposas de Margarita y otras regiones que no saben qué pasará con sus seres queridos. Más del 90% de los detenidos son inocentes y el Estado tiene la obligación moral y legal de acelerar estos procesos”, afirmó.
Propuesta de indemnización y justicia
Más allá de la amnistía, Díaz ratificó la necesidad de una Ley de Reparación e Indemnización a las Víctimas. Argumentó que las detenciones arbitrarias, la falta de órdenes de captura y la prohibición de defensa privada han causado daños psicológicos y patrimoniales irreparables que el Estado debe reconocer.
“Aquí no se trata de que nosotros pidamos perdón; es el sistema judicial, la Fiscalía y los jueces quienes deben pedir perdón a las víctimas y resarcir el daño causado por encarcelamientos injustos bajo cargos de terrorismo e incitación al odio que nunca se probaron”, sentenció.
Finalmente, José Ramón Díaz exhortó a los diputados de la Comisión de Seguimiento a pasar de las palabras a la acción, asegurando que la reconciliación real del país solo será posible cuando la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible para todos los perseguidos políticos.
DIARIO LA FAENA
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