LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
César Rafael Malavé Carvajal
Las diferentes federaciones de trabajadores de Venezuela al igual que los colegios profesionales han solicitado que la bonificación de fin de año, o aguinaldos, sea calculada tomando como base el ingreso integral. No sé si lo hacen jugando eufemísticamente para que el gobierno pise el peine legal o por desconocimiento de ley. De cara a este petitorio, el régimen guarda silencio sepulcral.
Desde la rigurosidad de la Ley Orgánica del Trabajo, (LOTTT), calcular las utilidades sobre el denominado «ingreso integral» (que ronda o supera los 240 dólares) tendría una consecuencia jurídica inmediata e irreversible: el reconocimiento automático de la naturaleza salarial de tales asignaciones. Conforme a los principios constitucionales de irrenunciabilidad, progresividad e intangibilidad de los derechos laborales, asumir dicha premisa obligaría al Estado a recalcular e indexar de inmediato la totalidad de los pasivos: prestaciones sociales, vacaciones, fideicomisos e indemnizaciones.
Bajo la supuesta inviabilidad financiera del modelo vigente, el Ejecutivo rehúsa asumir tal impacto estructural. La consecuencia técnica es matemática e ineludible: la base de cálculo legal se mantiene amarrada al sueldo mínimo oficial de 130 bolívares, respetando formalmente las escalas, grados y pasos del tabulador general, pero traduciéndose en una cifra irrisoria que despoja al aguinaldo de su sentido histórico.
Para evitar que el descontento social escale en medio de la parálisis de los servicios públicos, el Estado recurre a bonificaciones extraordinarias sin carácter salarial a través del Sistema Patria; recursos transitorios para «aliviar» la contingencia sin generar obligaciones contractuales ni pasivos a futuro.
