La comisión comenzará sus actividades este jueves 12 de noviembre a las 10:00 a. m. en Caracas. El plan contempla priorizar los juicios en libertad, evaluar problemas de salud y reducir el retardo procesal, según informó el diputado Pedro Infante.
La Asamblea Nacional (AN) y los órganos del sistema de justicia venezolano instalarán este jueves 12 de noviembre una comisión para revisar los expedientes de personas privadas de libertad que presentan retrasos en sus procesos judiciales, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El anuncio fue realizado este miércoles por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien precisó que la instancia comenzará a trabajar a las 10:00 de la mañana en Caracas, con la participación de diputados y representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal.
«Estaremos nosotros, en Caracas, los diputados y diputadas revisando los distintos casos para lograr las liberaciones correspondientes ajustadas a pleno derecho», declaró Infante a periodistas desde la sede del Legislativo.
El parlamentario explicó que el objetivo es agilizar los procedimientos y garantizar el debido proceso. La iniciativa forma parte del proceso de transformación del sistema judicial impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Buscan priorizar los juicios en libertad
El diputado Jorge Arreaza explicó que esta revisión estará dirigida principalmente a personas de sectores vulnerables y que no se trata exclusivamente de una iniciativa relacionada con los presos por motivos políticos.
Entre las medidas planteadas se encuentran privilegiar el «juicio en libertad», evaluar la aplicación de beneficios procesales, calcular las redenciones de pena correspondientes y revisar los expedientes de personas con problemas de salud.
Arreaza también señaló que buscan reducir progresivamente los centros de detención preventiva, donde, según indicó, se producen aglomeraciones de personas privadas de libertad que permanecen durante períodos prolongados sin recibir una decisión judicial.
El legislador aclaró que los beneficios no estarían dirigidos a personas procesadas por delitos graves, como narcotráfico, asesinato o violación. La revisión se concentraría en casos en los que existen demoras en las audiencias y otras dificultades para avanzar en los procedimientos judiciales.
La revisión no está vinculada directamente con el diálogo político
El anuncio se produce días después de que Dinorah Figuera, representante de la delegación opositora vinculada a la Asamblea Nacional electa en 2015, anticipara la posibilidad de nuevas liberaciones de presos políticos en el contexto de la cuarta ronda de conversaciones con el Gobierno, prevista para el viernes 13 de noviembre.
Sin embargo, Arreaza descartó que la revisión anunciada por el Parlamento responda a esas declaraciones y sostuvo que se trata de un proceso que la Asamblea Nacional viene desarrollando desde 2021.
La iniciativa también se enmarca en los cambios judiciales posteriores a la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026. Según las autoridades, esa legislación benefició a más de 9.000 personas, aunque la mayoría ya se encontraba bajo medidas de libertad restringida.
Gobierno reporta más de mil liberaciones durante 2026
De acuerdo con cifras oficiales citadas por EFE, más de mil personas han sido liberadas en Venezuela durante 2026. No obstante, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha advertido que entre las personas excarceladas hay algunas que no figuraban en sus registros de presos políticos.
La nueva comisión deberá determinar cuáles expedientes cumplen los requisitos legales para recibir medidas de libertad u otros beneficios. Por ahora, las autoridades no han divulgado una lista de posibles beneficiarios ni una cantidad estimada de excarcelaciones.
Aunque Pedro Infante anunció que el proceso comenzará el 12 de noviembre, esto no significa que todas las liberaciones se ejecutarán ese día. Los resultados dependerán de la revisión individual de los casos y de las decisiones que correspondan a las autoridades judiciales.
Fuente: Sumaríum
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