El chantaje del estómago: cuando la asistencia social asfixia la libertad política
Por Oswaldo Javier Albornoz Figueroa
Pocos mecanismos de dominación resultan tan implacables como la administración deliberada de la necesidad material. Cuando el ingreso familiar no alcanza para cubrir la canasta básica y la alimentación diaria depende de una bolsa de subsidio, de un bono discrecional o de la asignación de una bombona de gas, la frontera entre la ayuda social y el sometimiento político se disuelve por completo.
En nuestras comunidades, el hambre y la precariedad económica han dejado de ser simples estadísticas de pobreza para convertirse en el instrumento predilecto de domesticación cívica.
La asistencia social en un Estado de derecho moderno tiene como propósito garantizar un piso de dignidad para que la persona pueda sobreponerse a la crisis y recuperar su autonomía. Sin embargo, en nuestro entorno el esquema opera en sentido inverso: el beneficio no busca emancipar, sino generar dependencia permanente. Quien reparte el sustento exige a cambio el silencio, la lealtad incondicional o la asistencia forzosa a concentraciones partidistas.
Bajo este modelo, disentir o cuestionar una ordenanza deja de ser un derecho constitucional para transformarse en un riesgo directo contra el sustento del hogar.
«Transformar el acceso a los alimentos en una moneda de cambio partidista no es política social: es extorsión institucionalizada contra la dignidad humana.»
El «bozal de arepa» como dispositivo de control.
El control social por vía del estómago fractura el tejido moral de los vecindarios. Los propios mecanismos de distribución comunal suelen ser asignados a operadores políticos encargados de levantar listas, vigilar la conducta ideológica de los habitantes y sancionar la disidencia mediante la exclusión de los censos asistenciales.
El impacto sobre el ejercicio de la ciudadanía es devastador:
- Inhibición de la denuncia: Vecinos que padecen semanas sin agua corriente o con cloacas desbordadas frente a sus puertas optan por callar, temerosos de perder el acceso al subsidio alimentario o a las jornadas médicas de emergencia.
- Fractura de la solidaridad entre vecinos: Se premia la delación y la sumisión, enfrentando a vecinos entre sí por la asignación de cuotas de recursos cada vez más reducidas.
- Desmovilización cívica: La energía que una comunidad organizada emplearía en auditar a su alcaldía o en fiscalizar obras públicas se drena por completo en la extenuante faena de hacer filas, perseguir operativos y asegurar la supervivencia básica.
Aceptar que la alimentación es una concesión graciosa del poder equivale a firmar la renuncia voluntaria a la condición de ciudadano libre.
Desmontar la tutela de la dádiva al derecho humano.
Recuperar la libertad política en contextos de alta vulnerabilidad económica requiere desarmar la narrativa del benefactor y restaurar el concepto de derechos adquiridos:
- La alimentación como derecho humano inalienable: La alimentación no es un premio por buen comportamiento político ni un obsequio del partido de turno. Está consagrada en convenios internacionales como un derecho inherente a la vida humana. Condicionar su entrega a la militancia o a la firma de compromisos partidistas constituye un delito de lesa dignidad que debe ser documentado y denunciado.
- Organización vecinal despartidizada: Las estructuras comunitarias encargadas de censos y distribución de insumos básicos deben someterse a criterios técnicos, transparentes y universales, vigilados por asambleas generales de vecinos y no por comisarios políticos.
- Solidaridad y redes de apoyo autónomas: Fortalecer iniciativas de autogestión económica comunitaria —comedores populares independientes, cooperativas de compra directa y bancos de alimentos locales— reduce la capacidad de chantaje que los entes oficiales ejercen sobre las familias más vulnerables.
«Ningún gobernante es dueño de los recursos del Estado: cada gramo de asistencia entregado proviene del esfuerzo colectivo de la nación y no genera deudas morales ni políticas.»
El rescate de la ciudadanía plena.
No puede existir una república sólida mientras sus ciudadanos vivan con el temor constante de que una opinión crítica les cueste el plato de comida de sus hijos. La verdadera libertad comienza cuando el vecino es capaz de mirar al operador político a los ojos y entender que nadie tiene la potestad legal de condicionar sus derechos fundamentales.
El progreso de nuestras ciudades y regiones no se medirá por la cantidad de personas formadas en una fila para recibir asistencia, sino por la cantidad de familias que logren liberarse de la tutela estatal gracias a su trabajo y a su esfuerzo productivo. Romper el chantaje del estómago es el paso más difícil, pero también el más indispensable, para devolverle al venezolano su condición de soberano y enterrar para siempre la cultura de la servidumbre.
