¿REFORMA? ¡NO!, DEROGACIÓN Y, YA
César Rafael Malavé Carvajal
El fundamento esencial de la democracia va mucho más allá de simples procesos electorales. La democracia tienen fundamentos y principios muy claros. Debe haber, fundamentalmente derecho a disentir; debe existir el pluralismo político y libertad de pensamiento y palabra a viva voz. En la arquitectura constitucional venezolana, los artículos 57, 58 y 61 consagran la libre expresión, el acceso a una información veraz e imparcial y la libertad de conciencia, proscribiendo taxativamente la censura previa y la persecución por convicciones ideológicas.
A la luz rigurosa del derecho, instrumentos de miedo e intimidación como la llamada “Ley contra el Odio” o la “Ley Simón Bolívar” adolecen de vicios de inconstitucionalidad sobrevenida y sustantiva. Al consagrar aspctos penales abiertos, ambiguos e indeterminados, estas normas vulneran flagrantemente el principio de legalidad y tipicidad penal, establecido taxativamente en el artículo 49 de la Carta Magna.
Dicha indeterminación ha convertido a la la norma penal en un mecanismo de censura intimidatoria que conculca los estándares internacionales fijados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Frente al planteamiento formulado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez de abrir una reforma a esta armazón jurídica, que nunca debió existir, la postura del institucionalismo cívico debe ser categórica: una legislación que contraviene la esencia misma de los Derechos Humanos no admite matices ni parches procedimentales. Lo que se requiere es su derogación total y definitiva, junto con toda disposición punitiva que adscriba responsabilidad penal a la libertad de expresión como derecho humano y universal.
Una sociedad que criminaliza el mensaje, la palabra o la actitud crítica extingue la deliberación pública e invalida el Estado de derecho. Si la idea, como dice la presidenta Delcy, es que el Estado renazca este “amanecer” implica el desmantelamiento de todo instrumento de coerción ideológica para dar paso a un ecosistema cívico plural, ecléctico y libre, donde pensar distinto jamás constituya un delito, sino el testimonio palpitante de una verdadera democracia.
