El mito del gobernante providencial: la dignidad ciudadana no admite favores.
Por Oswaldo Javier Albornoz Figueroa
En la dinámica sociopolítica de Nueva Esparta persiste una práctica perniciosa que ha frenado durante años el desarrollo institucional: la reverencia ante la figura del gobernante benefactor. Con frecuencia presenciamos cómo alcaldes, directores o autoridades regionales se presentan ante las comunidades de Mariño, Maneiro, García, Marcano o las islas de Coche y Cubagua no como servidores públicos sujetos a la ley, sino como benefactores personales que reparten insumos, coordinan cisternas de emergencia o inauguran obras menores como si se tratara de actos de caridad privada.
Es indispensable corregir esta distorsión cívica con claridad conceptual. Ninguna autoridad electa o designada costea la gestión pública con su patrimonio personal. Cada luminaria instalada, cada tramo de vialidad reparado y cada ciclo de distribución hídrica se financian estrictamente con los recursos del Estado: con los tributos que aportan los comerciantes locales, los impuestos de la ciudadanía y las asignaciones constitucionales que corresponden a la entidad insular.
Tratar la labor de un funcionario como un acto de generosidad personal no es cortesía; es una renuncia explícita a la condición ciudadana.
«Agradecer a una autoridad pública por reparar una vía o coordinar un servicio básico equivale a agradecer a un cajero por entregarle su propio dinero.»
El costo institucional del clientelismo
El modelo de gestión basado en dádivas resulta sumamente conveniente para la ineficiencia administrativa. Cuando una comunidad reduce sus legítimos reclamos a la espera pasiva de un operativo asistencial, la administración pública elude su responsabilidad estructural. Se entrega un alivio temporal —un parche de asfalto que cede ante las primeras lluvias o una jornada asistencial aislada— a cambio de la complacencia y el silencio vecinal.
Este intercambio lesiona gravemente el bienestar colectivo. Mientras la atención se concentra en la resolución precaria del día a día, los problemas de fondo que condicionan la vida insular —el deterioro del sistema de aducción Luisa Cáceres de Arismendi, la vulnerabilidad del cable submarino, la saturación de las plantas de tratamiento o la dotación permanente de los ambulatorios— permanecen sin soluciones técnicas de largo plazo.
La ciudadanía no progresa apelando a la benevolencia del poder, sino exigiendo una planificación rigurosa y transparente.
Principios para el ejercicio del control ciudadano
Para erradicar la cultura de la sumisión y consolidar una gestión pública eficiente en el estado, las comunidades deben asumir con firmeza tres criterios fundamentales:
- Desvincular los recursos públicos de la figura del gobernante: Las obras y servicios pertenecen a la comunidad que los financia a través de sus impuestos. Resulta improcedente personalizar la gestión institucional en vallas publicitarias o discursos de corte proselitista. El funcionario cumple una obligación legal inherente a su cargo y percibe una remuneración sufragada por el erario público para desempeñar esa labor.
- El acceso a los servicios como derecho innegociable: El suministro regular de agua potable, la estabilidad eléctrica, la vialidad óptima y el saneamiento ambiental son derechos fundamentales. No constituyen privilegios discrecionales ni pueden estar condicionados a la simpatía partidista, a la militancia política o al acatamiento pasivo.
- La primacía de la agenda comunitaria: Las prioridades de inversión en cada parroquia deben responder a los diagnósticos técnicos elaborados por las comunidades organizadas, no a las coyunturas electorales o a las decisiones unilaterales tomadas desde los despachos. La comunidad debe fijar las urgencias y vigilar que los presupuestos se ejecuten de manera íntegra.
«Ninguna administración puede imponer la improvisación sobre una comunidad que comprende sus derechos y fiscaliza técnicamente los recursos asignados a su territorio.»
La comunidad en su rol de mandante
El porvenir del estado Nueva Esparta no depende de promesas providenciales ni de discursos retóricos. El verdadero cambio comenzará cuando los vecinos dejen de asumir una postura de súbditos y ejerzan plenamente su rol constitucional como mandantes frente al poder público.
Las autoridades son mandatarias temporales; la titularidad de la soberanía radica en el pueblo. La dignidad insular y el rescate de la calidad de vida requieren vecinos informados, organizados y firmes, capaces de sustituir la solicitud de favores por la exigencia categórica de rendición de cuentas, eficiencia y respeto a la ley
