Por Oswaldo Javier Albornoz Figueroa
El grifo seco y el chat de WhatsApp: de la queja estéril al empuje ciudadano:
El verdadero rostro del poder no se asoma en las cadenas oficiales ni en los hemiciclos legislativos; aparece a las cinco de la mañana, cuando se abre la llave del lavamanos y solo se escucha el silbido de una tubería vacía. Se nota en el electrodoméstico que se fundió con el último bajón eléctrico o en la esquina convertida en vertedero improvisado porque el camión del aseo lleva semanas sin pasar.
En nuestro entorno, la política no es un debate abstracto sobre ideologías: es la administración diaria de la escasez y el colapso.
Ante ese agotamiento cotidiano, la primera respuesta suele ser la catarsis. Explotan los grupos vecinales de WhatsApp con cientos de mensajes indignados, cadenas de reclamos reenviadas, stickers y lamentos que se diluyen a medianoche. Es una reacción humana, pero políticamente inocua. Para cualquier funcionario indolente, un grupo de vecinos desahogándose en privado es una bendición: la indignación contenida en una pantalla no presiona presupuestos, no exige cuentas ni altera despachos.
«La catarsis digital en el chat comunal calma la rabia, pero no enciende una sola bombilla ni hace brotar una gota de agua.»
Romper la trampa de la mendicidad:
El colapso de los servicios públicos suele venir acompañado de un vicio institucional profundamente arraigado: el clientelismo. Se acostumbra a la comunidad a esperar la visita benévola de una autoridad, la rifa de un camión cisterna o el operativo de emergencia gestionado como un favor personal del gobernante de turno.
Las recientes declaraciones de la gobernadora Marisel Velásquez encajan precisamente en esta encrucijada institucional. Cuando desde la vocería regional se anuncian planes de contingencia, reactivación de ciclos o mesas técnicas de servicios, el ciudadano debe saber leer entre líneas: ninguna promesa oficial se traduce en soluciones sostenibles si se percibe como una concesión graciosa del poder y no como una obligación de Estado.
Aceptar esa lógica de dádiva es renunciar a la ciudadanía. El agua corriente, la estabilidad eléctrica o la recolección de desechos no son regalos electorales ni actos de piedad gubernamental; son derechos respaldados por recursos públicos que provienen del esfuerzo de todos. Cuando el vecino deja de reclamar como sujeto de derecho y empieza a pedir como quien suplica una limosna, el poder gana por desgaste.
Revertir esa dinámica exige un giro metodológico: sustituir la queja caótica por la organización técnica.
La contraloría de acera:
Hacer política de verdad a ras de suelo no significa militar en un partido ni esperar las próximas elecciones para castigar con el voto. Frente a los discursos institucionales, la política cotidiana arranca en la acera:
*Mapeo técnico del problema: Una cuadrilla de Hidrocaribe, Corpoelec o la gobernación ignora fácilmente un grito genérico de auxilio, pero le cuesta evadir un expediente vecinal que precise: «En este sector hay tres válvulas obstruidas, 120 familias afectadas y el ciclo de suministro lleva 45 días interrumpido». Los datos desmantelan las excusas oficiales.
*Vocerías articuladas y rotativas: Evitar el desgaste de los líderes comunitarios de siempre. La representatividad gana peso cuando participan los profesionales que viven en la misma cuadra —el ingeniero jubilado, la abogada, el comerciante, el maestro— aportando criterio técnico y legal al reclamo.
*Auditoría física a las promesas: Si tras las declaraciones oficiales se presenta una cuadrilla a reparar una tubería o sustituir un transformador, la comunidad debe estar allí con cuaderno en mano: fiscalizando el material, vigilando que la pieza no se desvíe y asegurando que la obra no sea un remiendo para la foto de redes sociales.
«Donde una comunidad se organiza técnicamente para auditar una obra, la corrupción y el remiendo improvisado pierden terreno.»
La comunidad como mandante:
Exigir agua, luz o vialidad no es un asunto puramente técnico ni un simple ejercicio de supervivencia; es el primer peldaño de la contraloría social. Un vecindario que aprende a coordinarse para exigir una bomba de agua, que audita el presupuesto regional y que no acepta el silencio ni las excusas por respuesta, es una comunidad inmune a los atropellos del poder en cualquier escala.
La democracia no va a descender milagrosamente desde las cúpulas ni desde los anuncios gubernamentales para arreglarnos la vida. Si no somos capaces de articularnos con el vecino de enfrente para defender el funcionamiento de la propia calle, difícilmente podremos reconstruir el destino colectivo.
La ciudadanía activa empieza justo ahí: apagando el teléfono, convocando a la asamblea en la puerta de la casa y recordando que nosotros somos los mandantes.
