Marco Rubio visita Colombia al cumplirse un mes de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, tiempo en el que el mandatario ha puesto el foco en una dura estrategia de seguridad.
Al cumplirse su primer mes en el sillón presidencial, Abelardo de la Espriella recibe el espaldarazo de Estados Unidos con la llegada, el martes 8 de septiembre, de Marco Rubio.
Pocas horas antes, el secretario de Estado estadounidense publicó una nota sobre su visita a Colombia, Ecuador y Perú. En ella, prácticamente redefine la nueva relación entre Colombia y Estados Unidos, convirtiendo al país en uno de sus principales socios regionales en la lucha contra el narcotráfico, el control migratorio y la creciente influencia de China.
Echar un vistazo al historial reciente de publicaciones en X del flamante presidente colombiano es asistir a un alarde de éxitos en cuestiones de seguridad. Desde que tomó posesión el 7 de agosto, De la Espriella ha ordenado varios bombardeos contra distintos grupos armados.
No pocas críticas despertó un video con el mandatario paseando alrededor de cadáveres envueltos en mantas blancas, colocados ordenadamente sobre el piso, publicado para celebrar la operación Azarías contra disidencias de las FARC. «La paz en la que cree este gobierno es la paz que se impone con la fuerzas de las armas», dice De la Espriella en otro video.
La ‘mano dura’, una vieja conocida
La estrategia de Abelardo de la Espriella no parte de cero. Según Oliver Üllenberg, director de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, el país conoce desde hace décadas políticas de seguridad basadas en una fuerte presión militar. Lo novedoso, apunta el experto, es la manera en que el nuevo presidente presenta ese enfoque centrado en autoridad, orden y resultados rápidos.
«A corto plazo, la presión militar sí puede producir efectos que a primera vista parecen éxitos», explica Üllenberg a DW. «Pero a mediano y largo plazo, esta estrategia ha mostrado límites importantes en Colombia. La experiencia demuestra que los éxitos militares, por sí solos, no necesariamente se traducen en una reducción verdadera de la violencia».
También Glaeldys González, analista de International Crisis Group experta en Colombia, considera insuficiente una política basada exclusivamente en la fuerza. «Una ofensiva militar puede debilitarlos», señala, pero para conseguir una reducción sostenida de la violencia será necesario ampliar la presencia civil del Estado, mejorar los servicios en las comunidades más remotas y fortalecer las capacidades del aparato de seguridad. «También será clave generar confianza entre la Fuerza Pública y la población civil», dice González a DW.
El vacío tras las operaciones
Cuando un grupo armado es debilitado o desaparece, queda un vacío. «En Colombia, ese vacío no siempre ha sido ocupado por el Estado, sino por otros actores armados», explica Üllenberg.
La consecuencia es una dinámica conocida: organizaciones grandes que se fragmentan en estructuras más pequeñas y grupos que compiten por territorios, rutas de narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y otras rentas. «El conflicto se puede volver aún más complejo y generar nuevas formas de violencia», advierte Üllenberg. Quienes terminan pagando el precio son las comunidades, especialmente «las mujeres, niños, las personas mayores… En general, la población civil».
Es posible que el Gobierno obtenga éxitos rápidos y muy visibles, incluso en términos mediáticos, reconoce Üllenberg. Pero si el Estado no consigue permanecer en los territorios y las economías ilegales continúan siendo rentables, «aparecerán nuevos actores dispuestos a ocupar esos espacios». La violencia, en ese escenario, no desaparece: «Se desplaza, se transforma y se fragmenta».
Estrechamiento Washington-Bogotá
La estrategia militarista encuentra ahora un aliado natural en Washington. Es en este punto donde cobra especial importancia la visita de Marcos Rubio. «Colombia tiene una larga historia de cooperación en seguridad y defensa con EE. UU.», recuerda a DW Glaeldys González. «El Departamento de Estado ha anunciado planes para proporcionar 1.000 millones de dólares en asistencia y también se ha planteado la posibilidad de realizar operaciones militares conjuntas para combatir el narcotráfico. Colombia ocupa además un lugar prioritario en la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos para 2026».
Para Üllenberg, el acercamiento responde a un doble movimiento. «Washington quiere recuperar influencia en Colombia y está interesado en una relación mucho más estrecha con el nuevo gobierno», explica.
Todavía está por verse hasta dónde llegará la implicación estadounidense, pero en la política antidrogas, Üllenberg observa uno de los principales riesgos: «Una vuelta a una política de drogas más represiva puede producir resultados visibles a corto plazo, pero también alimentar nuevamente dinámicas de violencia en los territorios, sobre todo si no va acompañada de alternativas económicas y presencia estatal».
Las consecuencias no se limitarían a las zonas directamente afectadas, sino que también podrían repercutir en el turismo, la inversión o el clima social y político del país: «Hay una contradicción: algunos sectores empresariales celebraron mucho la victoria del candidato de ultraderecha porque esperaban más orden y más estabilidad, pero si la estrategia termina generando una nueva escalada del conflicto, esos mismos sectores podrían perder económicamente mucho más de lo que hoy imaginan», comenta Üllenberg.
Seguridad y derechos humanos
El precio de la estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella también tendrá una dimensión humana y política. «El costo humano puede ser alto si el éxito militar se mide principalmente en muertos, capturas y bombardeos», advierte Üllenberg. Especialmente delicada es la situación de los menores reclutados por los grupos armados, alerta. «Aunque hayan sido incorporados ilegalmente a esas organizaciones, el Estado sigue teniendo la obligación de protegerlos».
Glaeldys González coincide en que una respuesta exclusivamente militarizada puede resultar contraproducente. Los bombardeos y otros ataques, advierte, aumentan el riesgo de causar víctimas civiles, incluidos menores, mientras que un uso excesivo de la fuerza puede propiciar abusos contra la población y deteriorar la imagen de la Fuerza Pública. Una estrategia más eficaz debería «poner la protección de las comunidades en el centro», subraya la experta.
El modo en que el Gobierno presenta sus operaciones también forma parte de la estrategia. De la Espriella ha convertido las imágenes de fuerza, orden y determinación militar en una herramienta política. «Eso puede generar apoyo a corto plazo, pero puede también hacer que la seguridad se mida cada vez más por demostraciones visibles de fuerza y menos por resultados sostenibles en los territorios», comenta Üllenberg.
Fuente: DW
Foto: Cortesía
