La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, dirigente opositor venezolano que murió en 2018 mientras se encontraba bajo custodia del Estado.
De acuerdo con el comunicado publicado este 25 de agosto, la CIDH remitió el caso N.º 14.267 a la Corte IDH el pasado 5 de agosto, luego de determinar que Venezuela es responsable por una serie de violaciones de derechos humanos contra Albán y sus familiares.
Albán, de 56 años, era dirigente de Primero Justicia y concejal del municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018 fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Según la información presentada ante la Comisión, la detención ocurrió sin una orden judicial y las autoridades habrían mantenido en reserva su paradero durante unas 20 horas. Ante esta situación, sus familiares denunciaron una «desaparición forzada».
Tres días después, mientras sus abogados esperaban que fuera presentado ante un tribunal, el entonces fiscal general informó que Albán había muerto en las instalaciones del Sebin y sostuvo que se había suicidado.
Sin embargo, sus familiares y representantes legales rechazaron esa versión y denunciaron presuntas irregularidades en la investigación, entre ellas inconsistencias en los certificados de defunción. También señalaron que las denuncias sobre tortura, desaparición forzada y una posible ejecución extrajudicial no fueron investigadas de manera adecuada.
Antes de su muerte, Albán había sido sometido a un proceso penal por acusaciones relacionadas con terrorismo y otros delitos. La parte peticionaria sostuvo que únicamente dos funcionarios del SEBIN fueron procesados por incumplimiento de sus obligaciones de custodia y que posteriormente sus condenas fueron reducidas, lo que permitió su salida en libertad.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25, la CIDH concluyó que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. Asimismo, determinó que el dirigente fue torturado y ejecutado extrajudicialmente mientras permanecía bajo custodia estatal.
La Comisión también estableció que el proceso penal iniciado contra Albán vulneró el principio de legalidad y que la investigación sobre su muerte no cumplió con los estándares de debida diligencia.
Otro de los hallazgos señalados por el organismo fue que la detención estuvo relacionada con un presunto móvil discriminatorio asociado a su militancia política opositora.
En consecuencia, la CIDH determinó que el Estado venezolano violó derechos relacionados con la vida, integridad y libertad personal, garantías judiciales, presunción de inocencia, honra, dignidad, vida privada y familiar, igualdad y protección judicial, entre otros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos.
Ante la Corte IDH, la Comisión pidió que se declare la responsabilidad internacional de Venezuela y se establezcan medidas de reparación para los familiares de Albán.
Entre las solicitudes se encuentra una reparación integral por los daños materiales e inmateriales, además de atención psicológica y psicosocial para sus familiares, siempre que estos la acepten.
La CIDH también pidió una nueva investigación que permita esclarecer los hechos, identificar y sancionar a todos los responsables, incluida la posible cadena de mando, y garantizar la participación de los representantes de la familia.
Asimismo, solicitó eliminar las consecuencias que pudieran derivarse de investigaciones o antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales relacionados con Albán y sus familiares.
El organismo pidió además adoptar medidas para prevenir y sancionar posibles actos de hostigamiento, persecución o amenazas contra los familiares del dirigente y los integrantes de su defensa.
Como garantías de no repetición, la CIDH planteó fortalecer la independencia en la designación del Fiscal General, asegurar investigaciones imparciales en casos de muertes bajo custodia estatal y capacitar a funcionarios del SEBIN, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los derechos de las personas detenidas y las obligaciones de debida diligencia.
El caso queda ahora en manos de la Corte Interamericana, que deberá determinar las responsabilidades internacionales correspondientes y las eventuales medidas de reparación.
Fuente Sumaríum
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