LA MENTIRA DEL ESTADO TODOPODEROSO
César Rafael Malavé Carvajal
El punto de partida para comprender el desmoronamiento de los servicios públicos en la Venezuela contemporánea no radica en una simple falla técnica de coyuntura, sino en el error conceptual e histórico más severo del ciclo político iniciado a finales del siglo pasado: la pretensión de estatizar la totalidad de la vida nacional. Bajo la premisa de un control social absoluto, el proyecto oficialista desvirtuó la naturaleza misma de la administración pública, expandiendo sus tentáculos hacia los tejidos más mínimos de la economía y la cotidianidad ciudadana. El delirio centralizador pretendió que el Estado asumiera tareas tan ajenas a su función como la administración de bodegas, las farmacias populares, la comercialización gastronómica elemental a través de la llamada ruta de la empanada, e incluso experimentos absurdos como los gallineros verticales.
Esta obsesión por erigirse en el tutor y padre omnipotente de cada necesidad del venezolano terminó por liquidar el modelo de un Estado planificador, eficiente y respetuoso de las competencias técnicas, cuya génesis institucional comenzó a delinearse con rigor a partir de los cambios estructurales de 1945 y que halló su mayor madurez civil con el rescate de la democracia en 1958. Aquella República posible concentraba su esfuerzo en edificar las bases del desarrollo y las grandes infraestructuras; el viraje ideológico desde hace 27 años, por el contrario, subordinó la eficiencia al control de la sociedad, poniendo al funcionariado a controlar lo intrascendente mientras destruía lo vital.
Al priorizar el sometimiento social por encima de la gerencia técnica, se produjo el abandono sistemático de las redes estratégicas, provocando el colapso del sistema eléctrico, el desmantelamiento de las telecomunicaciones y la crisis terminal del suministro hídrico que hoy condena a las regiones, fundamentalmente de Margarita y Cumaná. El desastre que padece el ciudadano es la consecuencia directa de haber sustituido la planificación científica por una estructura que, queriendo controlarlo todo, resultó ser la gran destructora de la nación, un nudo histórico que hoy urge desatar devolviendo al Estado a sus funciones tutelares esenciales y abriendo los servicios públicos a la inversión y la eficiencia del capital privado
