Copei afirma que el refinanciamiento de la deuda externa depende de la reinstitucionalización del país y no solo de variables económicas.

​El presidente nacional del partido Copei, Miguel Salazar, fijó posición en torno al debate sobre la deuda externa venezolana, asegurando que el verdadero desafío que enfrenta la nación para lograr un refinanciamiento sostenible no radica en aspectos puramente económicos o matemáticos, sino en la urgencia de recuperar la credibilidad institucional del Estado.

​Miguel Salazar enfatizó que, si bien el refinanciamiento suele analizarse bajo una lupa estrictamente técnica —evaluando montos, plazos y tasas de interés—, la raíz del problema en Venezuela es de naturaleza político-institucional.

Confianza por encima de recursos naturales

​El dirigente político desmitificó la idea de que la vasta riqueza del subsuelo nacional sea suficiente para renegociar los compromisos financieros.

​»Los acreedores internacionales no basan su disposición a refinanciar en el petróleo, el oro o el gas que posee Venezuela, sino en la confianza que les inspiran quienes conducen las instituciones del Estado», afirmó Salazar.

​A juicio del presidente de la tolda verde, el incremento del riesgo país no se debe a una escasez de recursos, sino a la opacidad fiscal, la falta de un marco institucional creíble y la percepción global de que las reglas del juego pueden ser modificadas de forma imprevista. En este sentido, recalcó que los mercados internacionales demandan, por encima de todo, previsibilidad, reglas claras y estabilidad.

​Salazar hizo un exhorto público y directo a la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional, señalando que la generación de un clima de confianza mutua y seguridad jurídica debe convertirse en una prioridad nacional absoluta para el Gobierno de la República.

​Finalmente, el presidente nacional de Copei, concluyó advirtiendo que el éxito de una reestructuración financiera que alivie la carga económica que hoy heredan todos los ciudadanos venezolanos pasa, de manera obligatoria, por un compromiso institucional firme, transparente y de largo plazo por parte del Estado.

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