El magistrado de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, emitió este lunes una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea Plus Ultra. Al empresario se le investiga por la presunta comisión de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida.
La medida judicial se extiende también a su esposa y copropietaria de la compañía, María Aurora López, y al ciudadano neerlandés Simon Leendert Verhaoeven. Este último es señalado por los investigadores como el presunto cabecilla de una red internacional dedicada a la legitimación de capitales de origen ilícito en la que el entramado de Reyes habría participado activamente.
De acuerdo con el auto judicial recogido por el diario The Objective, las pesquisas apuntan a que los implicados estructuraron una red financiera para desviar y apropiarse de fondos mediante transferencias internacionales hacia entidades vinculadas en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
La investigación pone bajo la lupa el destino de la ayuda pública de 51 millones de euros otorgada a la aerolínea por el Gobierno español en 2021 a través de la SEPI. Los flujos financieros bajo sospecha habrían sido movilizados hacia cuentas de opacidad fiscal en jurisdicciones como Gibraltar, Suiza, Montenegro, el Reino Unido e Isla Mauricio. Asimismo, las intervenciones telefónicas del caso revelan la presunta cercanía de Reyes con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el empresario se refería en el ámbito privado como su «pana».
Coincidiendo con la orden de captura, la formación política VOX ha presentado este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción. El partido fundamenta su acción legal en los recientes informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fechados el pasado 22 de abril.
El escrito de la formación liderada por Santiago Abascal solicita que se investiguen supuestas irregularidades cometidas por funcionarios públicos en la gestión del caso. En concreto, el partido ha instado a esclarecer la identidad de una persona identificada en las escuchas policiales como «la fiscal jefa amiga», sugiriendo posibles nexos e influencias entre los investigados y miembros del Ministerio Público o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
De igual forma, la denuncia insta a las autoridades a indagar sobre una interceptación que menciona el mensaje «10k done». Según las hipótesis de la UDEF, este registro podría hacer referencia a un presunto pago en efectivo de 10.000 euros destinado a Julián Mateos, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Fuente. Sumarium
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