
El secuestro de la asamblea: despartidizar el barrio para recuperar el poder vecinal
Por Oswaldo Javier Albornoz Figueroa
Las asambleas de vecinos y las estructuras de participación comunitaria nacieron como el espacio natural para la deliberación ciudadana, el encuentro de pares y la búsqueda de soluciones a los problemas del entorno. Sin embargo, en la práctica de nuestras comunidades, esos espacios han sido progresivamente colonizados y subordinados por la lógica del partidismo político, transformando lo que debía ser un ágora cívica en una trinchera ideológica estéril.
Cuando el color de una franela o la lealtad a una cúpula política pesan más que el diagnóstico técnico de una tubería rota o la inseguridad de una calle, la comunidad pierde su propósito fundacional. La partidización de las juntas y consejos comunales no busca empoderar a los habitantes; busca controlar la disidencia, amortiguar las protestas y someter el presupuesto participativo a la conveniencia del gobernante de turno.
Un espacio comunitario cooptado por consignas oficiales o partidistas no defiende a los vecinos: administra el silencio y justifica la negligencia.
«El agua, el asfalto y el transformador no tienen filiación política: partidizar la necesidad vecinal es la mejor fórmula para asegurar la ineficiencia.»
La fractura del tejido comunitario
El daño más profundo de la injerencia político-partidista en las organizaciones de base es la desconfianza que inocula entre los propios vecinos. Se divide al sector entre «leales» y «adversarios», premiando a los primeros con el acceso preferente a programas asistenciales y estigmatizando a los segundos por ejercer la crítica o exigir cuentas transparentes.
Esta dinámica distorsiona por completo la vocación del liderazgo social. El auténtico líder vecinal —aquel que vela por el pozo de agua, que organiza la cuadrilla de limpieza o que auxilia al enfermo— es desplazado con frecuencia por comisarios políticos cuya única credencial es el acatamiento ciego de instrucciones externas.
El resultado es la abstención y el repliegue de la inmensa mayoría de los vecinos, quienes optan por marginarse de las asambleas para no prestarse a actos de propaganda o confrontaciones ideológicas que no resuelven ninguna de sus carencias diarias.
Blindar la autonomía vecinal
Recuperar el poder real de las comunidades organizadas exige un esfuerzo deliberado de profilaxis cívica:
- Establecer la neutralidad partidista en los estatutos comunitarios: Ninguna organización vecinal debe fungir como comité de campaña electoral ni como apéndice institucional de una alcaldía o gobernación. Las asambleas deben centrarse estrictamente en el interés común y en la gestión territorial.
- Priorizar el criterio técnico sobre la militancia: Las vocerías de servicios, infraestructura y contraloría deben asignarse a vecinos con competencias o disposición de trabajo comprobada, independientemente de sus simpatías ideológicas particulares.
- Decisiones por consenso y voto secreto: En situaciones de polarización o temor a represalias, la toma de decisiones comunitarias debe blindarse mediante mecanismos democráticos limpios, garantizando que el habitante exprese su voluntad sin riesgo de persecución o exclusión de beneficios.
«La legitimidad de una vocería comunitaria emana de la confianza y el voto de sus vecinos, no del aval condescendiente de un despacho oficial.»
La comunidad por encima de las cúpulas
Los partidos políticos cumplen un rol dentro del sistema democrático nacional, pero no tienen derecho a secuestrar la convivencia en la cuadra. El alumbrado de una vía, la limpieza de una quebrada o la dotación de un ambulatorio no benefician a una facción: benefician o perjudican a todos los que pisan ese suelo por igual.
La verdadera soberanía de base se reconquista cuando los vecinos deciden dejar las banderas partidistas en la puerta y se sientan a deliberar con la mirada puesta únicamente en el bienestar de su calle. Despartidizar las organizaciones vecinales no es despolitizarlas: es devolverles la política en su sentido más noble, aquel que construye ciudadanía y defiende la dignidad colectiva frente a cualquier intento de dominación.
