
La Cámara Minera de Venezuela indica que es indispensable limitar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, ya que la viabilidad del capital institucional y de los proyectos a gran escala en el sector dependerá directamente de la competitividad internacional del marco reglamentario.
La Cámara Minera de Venezuela (Camiven) advirtió que la Ley Orgánica de Minas (LOM), promulgada en abril pasado, tiene amplias lagunas de discrecionalidad administrativa sobre todo en lo relativo a la entrega de concesiones, por lo que propuso corregir estos vacíos mediante un reglamento que contenga disposiciones específicas, claras y de aplicación general.
Según el gremio, limitar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones resulta indispensable, ya que la viabilidad del capital institucional y de los proyectos a gran escala en el sector extractivo venezolano dependerá directamente de la competitividad internacional de su marco reglamentario.
La nueva normativa se aprobó en el contexto del nuevo escenario político que surgió en el país a partir de enero de este año. Al firmar el instrumento legal, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó que la ley permitiría captar importantes inversiones para el sector. Sin embargo, para que este objetivo se materialice, Camiven sostiene que se debe agilizar el proceso concesional mediante un trámite unificado que no exceda los 90 días hábiles.
Asimismo, plantea establecer la concesión minera como el título jurídico único para las empresas privadas, estatales y mixtas que operan en la minería industrial y mediana, dejando las licencias reservadas exclusivamente para la pequeña minería.
En aras de garantizar la transparencia en la disponibilidad de cuadrículas y evitar sobreposiciones de derechos, la organización gremial aboga por la implementación inmediata de un catastro minero digital, georreferenciado y de libre acceso público en tiempo real.
De igual forma, Camiven también pone el acento en el impacto fiscal del texto legal, advirtiendo el riesgo de una carga acumulada discrecional o una sumatoria excesiva de tributos. Para subsanar esto, recomiendan aplicar una regulación unificada mediante una escala progresiva, fijando un agregado total entre regalía e impuesto que no supere el 4% a precios corrientes.
Otro punto señalado por la Cámara se refiere a la comercialización del oro. Aunque la ley estipula que el Banco Central de Venezuela (BCV) posee el derecho preferente para adquirir el mineral en condiciones competitivas de acuerdo con el mercado, los expertos del gremio alertan que esta redacción puede derivar en una venta obligatoria con descuento o en liquidez restringida.
Ante esto, sugieren definir esta facultad como un derecho de tanteo que obligue a igualar la oferta internacional en precio, divisa y plazo, al tiempo que piden resolver las trabas discrecionales y tasas elevadas garantizando la libre exportación condicionada únicamente al pago de impuestos.
Asimismo, para sofocar lo que definieron como un «afán recaudatorio» por parte de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera y un eventual conflicto de intereses, sugieren «establecer que los ingresos por multas e infracciones sean destinados en su totalidad a la Tesorería Nacional».
En el plano técnico y ambiental, el organismo exhorta a eliminar la duplicidad de revisiones, restringir la prohibición de uso exclusivamente al mercurio y aprobar formalmente el empleo del cianuro bajo los estándares del código internacional en sistemas de circuito cerrado,
Fuente: Banca y Negocios
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