Ante los recientes eventos sísmicos registrados en el país el pasado 24 de junio, la directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), seccional Nueva Esparta, ofreció una rueda de prensa en La Asunción para fijar una postura técnica e institucional.
El gremio profesional hizo un llamado público y urgente a las alcaldías, la gobernación del Estado y los entes públicos para que la sismorresistencia sea un requisito obligatorio en todos los proyectos de desarrollo urbano de la entidad.
Las autoridades del CIV recordaron que la región insular se encuentra en las adyacencias de la falla de El Pilar, ocupando la posición 5 en una escala de riesgo sísmico donde 7 representa el peligro máximo.
Frente a esta realidad geográfica, tres voceros clave del gremio detallaron las condiciones de la infraestructura local, el comportamiento del terreno y los mecanismos legales vigentes.
El ingeniero estructuralista y miembro de la directiva, Andrés Serra, ofreció un balance detallado sobre las características del suelo en la región, el cual está compuesto por capas de arena, grava, limo y arcilla sobre una base rocosa. Serra transmitió tranquilidad a la población al explicar que estos suelos cuentan con una buena capacidad de soporte y que, en los sectores revisados hasta el momento, no se presenta un alto potencial de licuefacción (fenómeno en el que el terreno pierde firmeza y se comporta como líquido).
Asimismo, destacó Serra, que la seguridad en la entidad se ve favorecida por las limitaciones urbanísticas actuales, que mantienen las edificaciones en un límite seguro de unos 30 metros o 10 niveles de altura. No obstante, enfatizó la necesidad imperiosa de revisar de manera exhaustiva las normativas de construcción del país.
Por su parte, Daniel Olivares, presidente del gremio en el estado Nueva Esparta, informó que la institución activó un despliegue formal de asesorías e inspecciones técnicas para evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras a solicitud de las comunidades e instituciones. Como ejemplo de esta gestión, mencionó la reciente evaluación realizada en las instalaciones de la Universidad de Oriente (UDO), campus Nueva Esparta.
Olivares subrayó que el Colegio actúa bajo el estricto cumplimiento de la ley como asesor del Estado y garante del interés público «Aquí nada de lo que se está haciendo es improvisado; esto tiene días de análisis y de estudio», aseguró, aclarando que el gremio mantiene total disposición para emitir diagnósticos científicos mediante solicitudes formales.
Finalmente, el ingeniero Andrés Ruiz Miranda, vicepresidente del CIV a nivel nacional, complementó los aspectos legales y recordó que el Colegio es el único órgano autorizado por el Estado para regular el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura en el país.
En tal sentido Ruiz, reiteró que todo proyecto civil debe pasar obligatoriamente por la Oficina de Revisión y Seguimiento de Proyectos local para certificar la capacitación de los profesionales antes de tramitar los permisos ante las alcaldías.
«Lamentablemente, pasó lo que pasó con esta tragedia para que los entes públicos y los responsables de todos los organismos se den cuenta de que tienen que gobernar con sus gremios», sentenció Ruiz Miranda, quien además adelantó que el CIV coordina la capacitación de brigadas estructurales profesionales para realizar evaluaciones rápidas de habitabilidad, un adiestramiento que se proyecta replicar próximamente en la entidad insular.
DIARIO LA FAENA/CNP6.709
