LA OSCURIDAD DEL ABUSO
Por. César Malavé Carvajal
Desde hace mucho tiempo, específicamente desde que esta tragedia disfrazada de revolución se adueñó del país por la desesperación radical de “tirios y troyanos” que querían salir de una democracia, que si bien tenía vicios y errores, solo bastaba plantear corregirlos con más democracia; el sistema eléctrico en Venezuela ha dejado de ser un servicio para convertirse en una herramienta de castigo y extorsión institucional.
Mientras los hogares padecen más horas de oscuridad que de luz, la empresa estatal Corpoelec impone tarifas astronómicas que no se compadecen con la realidad de un salario mínimo destruido ni con la precariedad de un servicio inexistente.
Lo más alarmante es el terrorismo administrativo ejecutado a través de correos y mensajes de WhatsApp, otorgando plazos de 24 horas bajo amenaza de corte inmediato. Esta práctica ignora décadas de jurisprudencia y normativa que exigen una notificación formal y un debido proceso. Pero el abuso va más allá: hoy se pretenden cobrar tarifas de reconexión cuyo fundamento legal y método de cálculo son un absoluto misterio. Ni en la ley ni en los reglamentos públicos existe el sustento para estos montos arbitrarios que hoy se le exigen al ciudadano de a pie.
En un país donde las familias deben elegir entre pagar una factura eléctrica impagable o comprar medicinas y alimentos, este proceder es éticamente inaceptable. Es imperativo que el pueblo reaccione frente a este atropello. No se puede cobrar por lo que no se provee, ni se puede suspender un derecho humano sin cumplir con las formalidades de ley.
Recuperar nuestra soberanía implica también defender el derecho a una vida digna. Frente a la oscuridad de las plantas eléctricas y la penumbra del abuso legal, el carácter ciudadano debe alzarse para exigir transparencia, justicia y el cese de una asfixia que pretende apagar, además de la luz, la esperanza del venezolano.
