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P E S C A N D O . . .

Por Azalea Liscano Henríquez

La acción de Argentina, es un Empujón a la CPI

Los desafíos que enfrenta la jurisdicción de una clara coincidencia, entre la aplicación de la justicia universal en Argentina y las acciones de la Corte Penal Internacional (CPI).

Ambas instituciones comparten el objetivo de perseguir y juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad venezolana, que ha presentado pruebas contundentes de tortura física y psicológica, persecución, aprehensión, violación, robo, saqueo de propiedad privada, genocidio político, asesinatos selectivos, cometidos impunemente.

No se puede llevar una acusación institucional de dos procesos idénticos, sobre Nicolás Maduro, para garantizar que los responsables de los crímenes en el país, se les aplique el código penal y ético, para mantener la esperanza y sean llevados ante la justicia- señala el Abogado litigante Dr. Carlos Ramírez Torrez.  

Las jurisdicciones de la Justicia Universal en Argentina y las acciones de la Corte Penal Internacional, coliden en un mismo objetivo y ambas, son herramientas importantes para combatir la impunidad y proteger a las víctimas de los delitos que se han cometido en Venezuela.

La justicia universal Argentina y la CPI se complementan entre sí. Sin embargo, la CPI es quien debe actuar como último y principal recurso, cuando los sistemas judiciales nacionales, no son capaces o no quieren investigar y enjuiciar estos crímenes.

Los Tres Fiscales de la Corte Penal Internacional

El 1er Fiscal, fue Luis Moreno Ocampo de la Corte Penal Internacional (argentino) desde 2003 hasta 2012. Su mandato no fue renovado porque, según las normas de la CPI, el cargo de fiscal tiene una duración de nueve años, sin posibilidad de reelección. La salida de Ocampo fue parte de un proceso natural de sucesión dentro de la Corte.

Durante su mandato, se iniciaron conversaciones preliminares sobre la situación en Venezuela, pero no se abrieron investigaciones formales, ya que las denuncias contra Venezuela por violaciones de derechos humanos, surgieron con mayor fuerza después de su mandato.

Ocampo fue criticado por algunos Estados, incluidos algunos gobiernos latinoamericanos, por presuntos sesgos y fallos en su gestión administrativa y la selectividad en las investigaciones, aunque no específicamente en relación con Venezuela en ese momento.

Tiempo después de dejar la CPI, en 2017, salieron a la luz informes que vinculaban a Ocampo con posibles conflictos de interés y cuestionamientos éticos, relacionados con su trabajo como abogado privado, en casos internacionales y su vínculo con personas o instituciones vinculadas a las investigaciones de la CPI. Aunque estos temas surgieron después de su salida de la Corte, afectaron su imagen pública.

Actualmente Luis Moreno Ocampo, tiene una oficina en Nueva York para asesorar en el manejo de conflictos transnacionales. Colabora con Getnick & Getnick en la recuperación de fondos obtenidos por fraude y corrupción.

Fatou Bom Bensouda de Gambia- África, se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en la República de Gambia. Ha servido como fiscal adjunta a cargo de la División de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde 2004 y desde junio de 2012 fue fiscal de la CPI en sustitución de Moreno Ocampo, cargo que ocupó hasta junio de 2021.

 Nicolás Maduro, dirigió acusaciones directas hacia Fatou Bensouda, durante su mandato como Fiscal jefe. Cuando la CPI bajo su liderazgo, decidió abrir un examen preliminar sobre la situación de Venezuela en 2018, enfocado en crímenes de lesa humanidad, cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, durante las protestas y la represión política.

A raíz de esto, el gobierno venezolano acusó a la CPI, y a Bensouda, de actuar con motivaciones políticas y de ser parte de una supuesta campaña internacional para desestabilizar el país y sostuvo que la Corte, estaba siendo influenciada por países que se oponían al gobierno de Maduro, como Estados Unidos.

Karim Khan Asumió el cargo de Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en junio de 2021, heredó varios casos importantes y complejos, entre ellos las investigaciones sobre Venezuela. Su mandato está marcado por la continuidad de investigaciones delicadas y relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad en varios países, incluido Venezuela, Filipinas, Afganistán, y la situación en Palestina.

Sobre el caso Venezuela en noviembre de 2021, jurídicamente han ocurrido varias investigaciones importantes enfocadas en los presuntos crímenes de lesa humanidad, cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2017. Esta investigación se centró en denuncias de tortura, encarcelamiento, persecución y violencia durante la represión de manifestaciones y contra opositores políticos.

 Esta fue una decisión relevante, ya que marcó la transición del examen preliminar, que Fatou Bensouda había iniciado en 2018 a una investigación oficial. La apertura de esta investigación significó que la CPI considera que hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes que caen bajo su jurisdicción.

Cada Fiscal ha ampliado el alcance de las investigaciones de la CPI, respecto a Venezuela, pero han existido diferencias en el ritmo y la intensidad de las mismas.

Hoy, se suma a los 9mil y tantos casos investigados por la CIP, el actual score postelectoral, dado por Alfredo Romero “Foro Penal” al 07-10-24, que nos dice: que hay 1.676 hombres privados de libertad y 240 mujeres, de los cuales son 1.757 son civiles y 159 militares. Entre los cuales hay 1846 adultos y 70 adolescentes entre 14 y 17 años. Ha habido 17 excarcelaciones y 148 condenados y trasladados a penales, sólo por protestar.

Khan debe inhibirse según Articulo 42 #5to.

La Fundación Arcadia, integrada por importantes personalidades del mundo y de Venezuela, entre ellos el Embajador Otto Reich, Embajador Diego Arria, Embajador Víctor Rodríguez Cedeño y los asesores nacionales como José Vicente Carrasquero, Ingrid Moretti y Robert Carmona Borges entre otros integrantes de la Fundación Arcadia, desde su sede en Washington, que ha solicitado la recusación de Karim Khan, debido al conflicto de intereses relacionado con su familiar. Esto ha generado un debate sobre la imparcialidad de la CPI y sus implicaciones para la investigación sobre Venezuela.

La presencia de la Dra. Venkateswari Alagendra abogada penalista internacional, hermana de la esposa de Khan, forma parte del equipo legal que defiende a Nicolás Maduro, en la investigación que la CPI lleva en su contra.

La Fundación Arcadia, ha solicitado la recusación de Karim Khan como Fiscal jefe, por la presencia de su cuñada, como defensora del acusado por la CPI. Y le solicita al Fiscal jefe que se inhiba, que entregue el procedimiento a su equipo, para que prosiga con el caso Venezuela I y II. 

Hasta el momento, la CPI no se ha pronunciado oficialmente al respecto, quien debe garantizar que las investigaciones sean imparciales y basadas en evidencia sólida. La estructura de la Fiscalía, está diseñada para garantizar la eficiencia y la imparcialidad en todas las investigaciones.

Fotos Cortesia

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