En medio de las presiones de Estados Unidos contra Cuba y Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó a inicios de esta semana el “libre visado” para los ciudadanos cubanos que suelen aterrizar en Managua o cruzar a pie la frontera sur de este país en su ruta migratoria hacia Estados Unidos. La decisión, anunciada de manera discreta por el Ministerio del Interior después de que medios de comunicación filtraran el comunicado oficial, se produce cuando Cuba atraviesa su peor crisis en décadas, marcada por el asedio petrolero impuesto por la administración republicana.
“A partir de la fecha todos los ciudadanos y ciudadanos nacionales de la República de Cuba, con pasaportes ordinarios, cambiaron su categoría migratoria de A, exento de visa, a categoría C, visa consultada sin costo”, establece la disposición oficial.
La eliminación del libre visado se inscribe en una serie de concesiones que Nicaragua ha debido admitir ante la reconfiguración del tablero regional impuesto por Trump tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado político de Managua junto con Cuba. A la excarcelación de presos políticos, colaboración en materia de narcotráfico y recepción de migrantes deportados por Estados Unidos, se suma ahora la cancelación de la excepción de visado para los cubanos.
No está claro si se trató de un pedido directo de la administración de Donald Trump —en particular a través del secretario de Estado, Marco Rubio— o de una decisión unilateral de los Ortega-Murillo para esquivar eventuales castigos de la Casa Blanca. Semanas atrás, la revista estadounidense Político reveló que la administración sandinista, tras la caída de Maduro, trata de presentarse como funcional a la agenda de Trump y, en ese sentido, poder seguir en el poder. Las concesiones, en cualquier caso, no comprometan la sucesión dinástica que encabeza la copresidenta Murillo.
“Murillo cree que puede apaciguar la situación cambiando la política de visados. Sin embargo, la migración cubana no ha variado, incluso con el agravamiento de la crisis energética en junio y las protestas en septiembre en Cuba. Es un enfoque mudo y, en todo caso, un poco tardío”, dice a EL PAÍS Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano. “Pero en realidad no están pensando con claridad ni por ‘necesidad’; es más un ‘por si acaso’ de ella”, agrega, en referencia al poder menguante de Ortega frente a la figura omnímoda de Murillo.
Washington ha comenzado a personalizar su presión sobre Murillo, a quien identifica como el poder efectivo del régimen frente a un Ortega cada vez más menguante. El pasado 30 de enero, el Departamento de Estado cuestionó abiertamente la figura de la “copresidencia”, calificándola como un mecanismo “inventado” para consolidar un control sin legitimidad electoral, en un mensaje que marcó un giro explícito hacia ella.
Ese cambio de enfoque también se refleja en el Congreso estadounidense, donde legisladores republicanos han dirigido críticas directas contra Murillo y han impulsado iniciativas para ampliar sanciones y revisar los flujos financieros que sostienen al régimen. La tesis en Washington es que presionar al núcleo real de poder —y no solo a la figura histórica de Ortega— podría erosionar la cohesión del círculo gobernante en un momento de reacomodo regional.
Es por eso que analistas consultados por Político y una fuente de la Casa Blanca sugieren que los Ortega-Murillo están en modo supervivencia y tratando de pasar desapercibidos ante la Casa Blanca, a diferencia de Cuba y Venezuela. Otro indicio es que, desde la caída de Maduro, la pareja ha silenciado sus feroces y habituales críticas contra Estados Unidos. Ni siquiera han mencionado al presidente Trump. En paralelo, en enero enviaron a Washington al canciller, Dennis Moncada, como encargado de negocios para intentar abrir un canal de diálogo con la nueva administración. El funcionario regresó a Managua sin que trascendiera si su misión había producido algún resultado.
Nicaragua, el trampolín cubano
El régimen Ortega-Murillo instauró el “libre visado” para ciudadanos cubanos en noviembre de 2021, bajo el argumento de que era una medida “humanitaria” tras la pandemia de la covid-19. El efecto fue inmediato: en diciembre de ese año ingresaron a Nicaragua 6.178 cubanos, según cifras oficiales de Migración y Extranjería. A partir de entonces, el país centroamericano se consolidó como un punto de entrada estratégico para los cubanos que buscaban migrar a Estados Unidos.
Durante los años en que estuvo vigente la exención de visa, miles de cubanos utilizaron Managua como trampolín migratorio. Washington interpretó esa política como una facilitación indirecta de la migración irregular y comenzó a responder con sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al régimen sandinista. El mensaje era claro: la ruta aérea hacia Nicaragua formaba parte del engranaje que alimentaba la presión migratoria en la frontera sur estadounidense, bajo la administración de Joe Biden.
La presión fue escalando. En febrero de 2024, Estados Unidos amplió las restricciones de visado a operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo que facilitaran vuelos de migrantes hacia Nicaragua. En marzo de 2024 impuso medidas contra ejecutivos de compañías de vuelos chárter vinculadas a esa dinámica. Y en noviembre de 2025, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas y nuevas restricciones contra empresarios nicaragüenses señalados de facilitar la inmigración irregular hacia territorio estadounidense. El trampolín ha sido ahora desarmado por una pareja copresidencial que busca esquivar a Trump y Marco Rubio.
Fuente Alberto News
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