La presidente del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, fijó posición tras revisar el informe de segunda discusión del Proyecto de Amnistía que debate la Asamblea Nacional. Aseguró que, aunque el documento incorpora algunos ajustes formales, continúa siendo insuficiente y mantiene riesgos que, a su juicio, deben ser advertidos con claridad.
Solórzano señaló que el proyecto limita de manera estricta su aplicación a hechos calificados como “violencia por motivos políticos”, restringidos a momentos específicos previamente enumerados. Consideró que esta delimitación resulta incompatible con el amplio período temporal que el propio texto dice abarcar y deja por fuera numerosas manifestaciones de persecución política que no encajan en esos episodios puntuales. Afirmó que el planteamiento tampoco aborda la dimensión estructural de la criminalización ejercida durante años.
La dirigente llamó la atención sobre una disposición que, aunque no fue aprobada en la sesión más reciente, considera especialmente delicada: la exigencia de que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho” para acceder al beneficio.
Explicó que este requisito no guarda relación con la prohibición del juicio en ausencia, pues la amnistía no constituye un acto de juzgamiento ni de imposición de pena, sino una decisión legislativa que extingue la acción penal. Subrayó que condicionar su eficacia a la comparecencia ante un tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que, según denunció, ha ejecutado la persecución.
Advirtió que esta condición afecta directamente a exiliados y personas con órdenes de captura, pues supedita su libertad a presentarse ante el aparato judicial responsable de los procesos en su contra.
Solórzano también enumeró exclusiones y omisiones que, en su opinión, comprometen la efectividad del instrumento. Entre ellas mencionó que no se incluyen los hechos derivados de la Ley Simón Bolívar ni de la Ley Contra el Odio, así como de otros mecanismos utilizados para criminalizar la disidencia. Tampoco contempla la derogatoria de esas normas, que continúan vigentes, ni el levantamiento de inhabilitaciones políticas o la anulación de sanciones administrativas impuestas por razones políticas.
Cuestionó que la amnistía no opere de manera automática, sino que quede sujeta a verificación judicial caso por caso, con un sistema de recursos que incluye apelación. Esto, afirmó, implica que la libertad no sería inmediata, sino dependiente de la decisión del mismo Poder Judicial que ha sostenido la persecución. Agregó que, aunque se propone una comisión especial de la Asamblea Nacional para el seguimiento, lo determinante es que no se desmonta la estructura jurídica que permitió la criminalización.
Recordó que hasta ahora solo se ha aprobado el texto hasta el artículo 6, pero insistió en que este es el momento para formular observaciones firmes. Aseguró que rectificar a tiempo es una obligación política y jurídica si se aspira a una amnistía efectiva, integral y garantista.
Solórzano reiteró que una amnistía verdadera debe garantizar libertad inmediata, retorno seguro de los exiliados, restitución plena de derechos políticos, levantamiento de inhabilitaciones y sanciones administrativas, desmontaje del marco legal represivo y garantías de no repetición. Reafirmó además la exigencia de liberar sin más dilaciones a todos los presos políticos y restablecer plenamente el orden constitucional como condición indispensable para una transición democrática real.
Concluyó advirtiendo que la amnistía no puede convertirse en una excusa para postergar la libertad.
Fuente: Alberto News
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