Organizaciones independientes estiman que entre 700 y 800 personas siguen encarceladas por razones políticas en Venezuela, a pesar de las excarcelaciones masivas realizadas desde diciembre de 2025
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una amnistía general a todos los presos políticos el 30 de enero. Durante el acto de apertura del Año Judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicó que una comisión llevará en los próximos días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para formalizar la anulación de las causas judiciales por razones políticas existentes desde el año 1999 hasta la actualidad.
“Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y, por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela”, declaró.
Sin embargo, en su Rodríguez aclaró que la Ley de Amnistía General no incluirá a todos los presos políticos. Aseguró que «quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”.
Esto ocurre tras semanas de excarcelaciones parciales de presos políticos en diferentes cárceles del país, las cuales iniciaron el 24 diciembre de 2025, pero se intensificaron tras un anuncio hecho el 8 de enero por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez. Aunque desde el oficialismo se asegura que más de 800 presos políticos han sido excarcelados desde entonces, organizaciones y activistas de derechos humanos señalan que la cifra real ha sido mucho menor.
Por ejemplo, Foro Penal solo ha confirmado 303 excarcelaciones desde el 8 de enero, mientras que sus registros apuntan a 711 personas que aún siguen encarceladas. Otras como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) coinciden en el mismo reporte, aunque estiman alrededor de 813 presos políticos pendientes.
Cierre de El Helicoide
En su alocución, Rodríguez también anunció el cierre de El Helicoide, recinto que por años operó como cárcel para presos políticos y que fue denunciado como centro de torturas por organismos internacionales como las Naciones Unidas. Indicó que a partir de ahora se convertirá en un espacio para servicios sociales, comerciales, culturales y deportivos para funcionarios policiales y las comunidades cercanas.
Actualmente en El Helicoide operan dos organismos de seguridad con graves denuncias de violaciones de derechos humanos. El primero es la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Este organismo es el sucesor de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo policial calificado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como un “grupo de exterminio” por su rol en ejecuciones extrajudiciales en sectores populares durante la “Operación Liberación del Pueblo (OLP)”.
Igualmente, en El Helicoide quedaba una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), involucrado desde hace años en la vigilancia, persecución y detención de la disidencia política venezolana. En su interior además opera el Centro de Procesados y Penados del Área Metropolitana de Caracas I, cárcel en cuyos calabozos de máxima seguridad permanecen recluidos los presos políticos.
En los últimos años, El Helicoide ya había comenzado a habilitar espacios con usos diferentes a los policiales y carcelarios. Por ejemplo, en mayo de 2024 se conoció que el Gimnasio Mayor General Elio Estrada Paredes, ubicado en su cúpula, comenzó a ser usado por la Superliga de Baloncesto como sede de los equipos Pioneros del Ávila y Spartans de Distrito Capital, lo que provocó la indignación de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Igualmente, el 6 de diciembre de 2025, Nicolás Maduro inauguró en el interior de El Helicoide el Centro Materno Infantil “Comisaria Cilia Flores”, un hospital para la atención de las funcionarias de la PNB que incluía quirófanos y salas de rehabilitación. Por esa misma fecha circularon rumores sobre el desalojo de algunas oficinas en el ala del edificio usada por la DAET.
Semanas de resistencia
El 8 de enero, Jorge Rodríguez anunció la excarlación de «numeros» presos políticos, , sin entrar en detalles sobre el número y criterio del procedimiento. Esto llevó a decenas de familiares a concentrarse frente a los principales centros de detención como El Helicoide, El Rodeo I, Tocorón o Yare esperando recibir a sus seres queridos cuando salieran. Esa noche solo se concretaron unas pocas excarcelaciones, pero los familiares decidieron quedarse en vigilia permanente.
Con el paso de los días, las excarcelaciones se volvieron cada vez mayores, aunque organizaciones denunciaron que se producían “a cuentagotas” y de manera opaca, sin listas oficiales de excarcelados, información clara de las autoridades e incluso con retrasos en la entrega de las boletas de excarcelación. Igualmente, acotaron que no se trataba de una libertad plena, sino la aplicación de medidas cautelares como régimen de presentación, con condiciones restrictivas como prohibición de hablar con la prensa.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos organizó entonces protestas y actividades frente a las cárceles a las que se sumaron cada vez más familias y sectores de la sociedad civil, como el movimiento estudiantil, sindicatos, partidos políticos opositores y la Iglesia Católica. La presión llevó no solo a mantener el tema de las excarcelaciones en la agenda pública, sino a que otras familias que hasta ese momento no habían denunciado por miedo o coacción lo hicieran. Esto llevó a Clippve a reportar al menos 200 nuevos casos de presos políticos que no estaban previamente registrados por ninguna organización.
Esta lucha se llevó incluso a instancias como la Asamblea Nacional, lo que llevó a la presidenta encargada a anunciar la creación de la Comisión por la Convivencia y la Paz el 23 de enero de 2026. Esto en paralelo a la presión ejercida externamente desde Estados Unidos, en la que el presidente Donald Trump ha ordenado en múltiples ocasiones el cierre de los centros de tortura en Venezuela y la liberación de sus presos políticos.
Fuente: El Diario
Foto: Cortesía
