De acuerdo con el último balance de la ONG Foro Penal a las 9:00 am de este jueves 1 de agosto, se contabilizan 672 detenciones y 11 asesinatos que han sido verificados por esta organización
Familiares de jóvenes detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la Zona 7 de Boleíta, recibieron una lista de 75 aprehendidos que fueron trasladados a la cárcel de Yare, en el estado Miranda. Las familias y abogados privados no han tenido acceso a sus parientes ni información sobre las audiencias de presentación.
En este centro de reclusión preventiva de Zona 7 se encontraban al menos 170 jóvenes, incluyendo 11 menores de edad, detenidos entre el lunes 29 y martes 30 de julio en medio de las protestas de ciudadanos en rechazo a los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dan como ganador a Nicolas Maduro.
El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, precisó al equipo de El Pitazo esta información de los detenidos. Detalló que presuntamente se realizaron traslados a la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, pero la mañana de este jueves 1 de agosto aún se desconoce la cifra y quiénes son.
672 detenciones verificadas
De acuerdo con el último balance de la ONG Foro Penal a las 9:00 a.m. de este jueves, se contabilizan 672 detenciones y 11 asesinatos en todo el país que han sido verificados por esta organización.
El miércoles 31 de julio, el fiscal general Tarek William Saab informó que son 1.062 personas las que se encuentran detenidas en Venezuela esta semana tras las protestas registradas en varias regiones del país.
Puntualizó que, si se comprueba que algunos de los detenidos no participaron en las protestas, quedarán libres, pero a los que se les determine la responsabilidad «quedarán privados de libertad por muchos años”.
Traslados sin información
La ONG Provea denunció que la noche del miércoles 31 de julio salieron desde la Zona 7, tres camiones de la Policía Nacional Bolivariana con personas detenidas de manera arbitraria en Caracas.
Desde la organización detallaron que a nivel nacional no están permitiendo a los abogados privados o de las ONG participar en audiencias ni defender a las personas detenidas. Tampoco le están permitiendo a las familias que vean a los detenidos.
«Alertamos que se están realizando audiencias colectivas donde no hay individualización de los presuntos delitos. A todos los están metiendo en el mismo criterio de imputación», precisó Provea.
En ese sentido, los defensores de derechos humanos de la organización denunciaron que existe una violación al derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 de la Constitución.
Vía El Pitazo
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